Tras la publicación de la Recomendación General No. 28 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2016, dirigida a estados y municipios, que reportaron encarcelamientos inusuales en cárceles municipales o distritales en México, la secretaria de seguridad del Consejo, Bíblica de Hidalgo, tomó sobre el cierre. A partir de 5 espacios con esta característica.
Los recintos, que eran administrados por los ayuntamientos, se encuentran ubicados en los municipios de Atotonilco el Grande, Zacualtipán, Metztitlán, Zimapán y Tizayuca, y carecían de infraestructura y capacidad para garantizar la seguridad, la reinserción social y cubrir las necesidades básicas de la población penitenciaria.
Los procesos de cierre y traslados de personas privadas de la libertad bajo proceso o sentencia fueron desarrollados en cinco etapas desde 2017 y hasta 2022, mediante operativos coordinados entre la Agencia de Seguridad Estatal, C5i Hidalgo y la Subsecretaría de Reinserción Social.
Desde el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en los centros de reclusión de la República Mexicana, dependientes de gobiernos municipales, publicado en 2004, se destacan las características a tomar en cuenta.
“En más de la tercera parte de las entidades federativas existen establecimientos que albergan internos procesados y sentenciados, los cuales no dependen económica ni administrativamente de los gobiernos estatales, sino de autoridades municipales, y que generalmente no tienen instalaciones constitucionalmente adecuadas para garantizar la seguridad y llevar a cabo las actividades propias de un centro de reclusión”.
“Las cárceles municipales no están concebidas para albergar en ellas a personas procesadas ni sentenciadas; para ello, se requiere de establecimientos especiales y de recursos humanos, financieros y materiales con los cuales no cuentan los ayuntamientos”, señala el documento.
You must be logged in to post a comment Login