La maestra Flor Isela N. y el director Rufino N. de la primaria Benito Juárez, en Xitzo, Santiago Anaya quedaron libres luego de que accedieran a un acuerdo reparatorio, ya que enfrentaban cargos de homicidio culposo por la muerte del niño Adriel N. que sufrió bullying, lo que permitió que la causa penal 131/2024 fuera suspendida.
El 7 de marzo de 2024, Adriel, un niño de 11 años, sufrió agresiones por parte de dos compañeros en el salón de clases de la primaria Benito Juárez. Mientras su maestra, Flor Isela N., no estaba presente.
Después del incidente, el director de la escuela, Rufino N., trasladó a Adriel a su domicilio sin especificar la gravedad de sus lesiones. Y recomendando únicamente una placa en el hombro.
A los pocos días, Adriel comenzó a sentir malestar, presentó hemorragias y fue ingresado en el Hospital General de Actopan. Ahí falleció el 12 de marzo debido a un traumatismo craneoencefálico y otras complicaciones.
Los padres de Adriel denunciaron que la causa de la muerte fue el bullying sufrido en la escuela, lo que llevó a las autoridades a investigar el caso.
Tras las primeras indagatorias, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) giró órdenes de aprehensión contra el director Rufino N. y la maestra Flor Isela N., quienes fueron señalados por homicidio culposo por omisión, al supuestamente encubrir el caso. La maestra logró obtener un amparo que la protege temporalmente de ser detenida, bajo el pago de una fianza.
En su momento, el secretario de Educación Pública en Hidalgo, Natividad Castrejón aclaró que no podía asegurar si el caso fue bullying y que era la PGJEH quien determinaría la responsabilidad de los hechos.
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) mantuvo suspendidos al director y la maestra. Sin embargo ambos retornarían a sus funciones si no se presentaban cargos adicionales en su contra.
El 28 de octubre de 2024, la maestra y el director, vinculados inicialmente a proceso por homicidio culposo por la muerte del niño Adriel que sufrió bullying, lograron quedar libres tras un acuerdo reparatorio que permitió cerrar la causa penal sin antecedentes para ellos. La jueza de control, Bárbara Santos Ordóñez aprobó este sobreseimiento, concluyendo el proceso judicial.
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