El diputado Juan Pablo Escalante reveló, con base en el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV 2024), que en Hidalgo hay 229 mil 124 viviendas deshabitadas, equivalente al 26.7% de las existentes en la entidad.
Uno de los motivos de esta crisis habitacional es la falta de la entrega-recepción por parte de los fraccionamientos a los municipios, a fin de darles certeza en los servicios básicos, refirió durante su participación en la sesión Permanente número tres del martes 14 de enero.
Si bien la vivienda abandonada representa solo una parte de aquellas en estado deshabitada, es un problema que afecta a varias regiones por su tendencia para convertirse en basureros clandestinos e incrementar las tasas de delitos violentos o dolosos, dijo.
De los municipios con mayor número de deshabitadas y abandonadas es en Tizayuca con 29 mil 838; Mineral de la Reforma, 25 mil 297 y Pachuca, 20 mil 201.
En Tizayuca aseguró que presenta incrementos importantes en su urbanización en las últimas décadas debido a la cantidad de suelo disponible que poseía y por pertenecer a la Zona Metropolitana del Valle de México.
Pero parte de su urbanización asociada con la construcción de nuevas viviendas se encuentran en una situación de irregularidad, es decir, no han cumplido con el proceso de entrega-recepción (municipalización), lo que incrementa la incertidumbre para los habitantes para acceder a servicios públicos.
En este municipio, de acuerdo con Infomex 2021, de 296 asentamientos reportados por el Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, el 83.78% son irregulares y más de la mitad de su población tiene inquietud de los servicios.
Juan Pablo Escalante manifestó que aun cuando la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, establece la concurrencia de los estados y los municipios para el desarrollo urbano y la vivienda, lo cual es imprescindible para mejorar la habitabilidad de las y los hidalguenses, persisten problemáticas.
Estas son generadas por las personas que fraccionan, quienes tienden a evadir el acto de entrega-recepción, propiciando afectaciones a las familias que adquieren una vivienda en esos lugares.
Además, a pesar de que la normativa refiere al proceso de municipalización del fraccionamiento en la fracción III del artículo 155, no establece mayor precisión respecto a un tiempo determinado para realizarlo, tampoco a una sanción.
“Esto muestra la necesidad de robustecer el marco normativo para que las personas fraccionadoras, promotoras y propietarios estén obligados a realizar el proceso de entrega recepción (municipalización) y estipular sanciones para quienes lo incumplan”, consideró.
Ante la situación el diputado por el partido Morena en el Distrito 16 con cabecera en Tizayuca, sometió a consideración del Pleno una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan distintas disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos en materia de Entrega-Recepción de Fraccionamientos.
Propuso una adición al artículo 156 de dicha normativa el iniciar con los trámites para la municipalización dentro de los 60 días posteriores a la venta del 50 % del total de los lotes y viviendas autorizados por las autoridades competentes para el fraccionamiento o etapa correspondiente.
En tanto, el incumplir se hacen acreedores a una sanción la cual no modificó en cuánto a las sanciones que va desde la revocación de las licencias, autorizaciones y permisos otorgados o en su caso, multa de 1000 a 2000 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMA´s), actualmente de 113.14 pesos diarios.
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