Ayuntamientos deben contar con una Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, coincidieron autoridades federales y estatales, al tiempo que se informó que en el Congreso del Estado ya se trabaja una iniciativa en ese sentido.
En el marco de la entrega de constancias de participación en la capacitación sobre Protección, restitución de derechos y representación de niñas, niños y adolescentes, Fanny Gutiérrez Rosario, directora general de Coordinación y Políticas de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, explicó que las procuradurías municipales son instancias que buscan proteger y restituir los derechos de este sector de la población.
Explicó que las procuradurías de protección operan en los tres niveles de gobierno y se coordinan con diversas instituciones para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las infancias y adolescencias. Entre sus funciones principales se encuentra la protección y restitución de derechos vulnerados, la regulación de centros de asistencia social, la promoción de derechos y la coordinación interinstitucional.
Además, tienen la facultad de garantizar la restitución de derechos, brindar asesoría y representación jurídica, solicitar medidas urgentes de protección, supervisar y certificar centros de asistencia social, y coordinar políticas locales de protección.
Las procuradurías municipales, según Gutiérrez Rosario, deben brindar asesoría a través de equipos multidisciplinarios, canalizar casos a las procuradurías estatales, capacitar a servidores públicos locales, promocionar los derechos de la niñez y adolescencia en la comunidad, y coadyuvar en la supervisión de centros de asistencia social. Es importante destacar que su función es supervisar, no regular los centros de asistencia social, y no deben intervenir en procesos de adopción.
José Antonio Alemán García, director del Instituto Nacional para el Federalismo (INAFED), recalcó la figura jurídica de las procuradurías municipales como parte de un sistema de protección especial, y mencionó que, de dos mil 500 municipios, mil 500 ya cuentan con una.
Al tiempo, resaltó que los municipios son la autoridad más cercana a la población y que existe una necesidad de descongestionar las procuradurías de protección, ya que actualmente un abogado puede llevar hasta dos mil casos, y en el país hay más de dos millones de niñas, niños y adolescentes requieren la restitución de sus derechos.
Ricardo Alvizu Contreras, director del Sistema DIF Hidalgo, informó que, para el curso de capacitación para 83 municipios de los 84 ayuntamientos, ya que faltó Huazalingo, se invirtieron 700 mil pesos, participaron 222 personas.
You must be logged in to post a comment Login