La notaria pública número uno del Distrito Judicial de Tulancingo, Marisela Marín Jonguitud, enfrenta una denuncia penal por presuntamente haber obtenido y ejercido su patente sin cumplir con los requisitos legales establecidos en la Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo.
La acusación, presentada ante la Fiscalía de Delitos Sexuales y Contra la Familia, se basa en que la funcionaria habría asumido el cargo desde el 25 de agosto de 2008 sin contar con los cinco años de experiencia profesional requeridos por la normativa vigente. La denuncia quedó registrada bajo el proceso NUC 12-2024-1*.
De acuerdo con el documento, la patente de Marisela Marín la autorizó la administración del entonces gobernador Miguel Ángel Osorio Chong. Asimismo, la publicaron en el Periódico Oficial del Estado el 3 de noviembre de 2008.
Sin embargo, datos de la Dirección General de Profesiones señalan que la cédula profesional de la notaria se expidió hasta 2006.
Esto haría “material y legalmente imposible” que cumpliera con los cinco años de ejercicio que exige el artículo 17 de la ley vigente desde 1992
El denunciante sostiene que, pese a conocer los requisitos, la notaria habría “promovido activamente su designación”. Con ello, habría tenido una participación dolosa en un acto administrativo presuntamente ilegal que le habría generado un beneficio económico continuo.
La denuncia contra la notaria de Tulancingo se sustenta en los artículos 321 Bis y 309 Ter, fracción I, inciso a) del Código Penal del Estado de Hidalgo.
Esto sanciona la participación consciente en actos ilícitos relacionados con el otorgamiento de concesiones y beneficios indebidos.
Además, el delito se considera de naturaleza permanente, por lo que no habría prescrito. La acción penal comenzaría a contarse solo cuando cese la supuesta ilegalidad.
El denunciante solicitó al Ministerio Público revisar el expediente administrativo completo de designación, citar a los funcionarios involucrados y judicializar el caso en caso de confirmarse las irregularidades.
El proceso, además de cuestionar la legalidad del nombramiento, pone en duda la validez de los actos jurídicos emitidos por la notaría desde 2008.
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