Una constante al menos en tres años consecutivos en cuanto a la contratación de elementos para las fuerzas de seguridad pública tanto municipales como estatal es la dificultad para alcanzar el número de elementos necesarios para responder a una cobertura idónea.
De acuerdo a un análisis realizado por MILENIO según las cifras más recientes disponibles del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad de Hidalgo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Procuraduría General de Justicia y las policías municipales Hidalgo registró en 2024 un estado de fuerza de 6,241 policías y un déficit de 2,560 elementos.
En 2022 el total de policías fue de 6,426 y el déficit era de 2,206 elementos. En 2023 la cifra descendió a 6,190 y el faltante aumentó a 2,442. Para 2024 el número de policías subió ligeramente, pero el déficit volvió a crecer.
Las cifras muestran que, aunque el estado de fuerza presenta variaciones anuales, la cantidad de elementos sigue siendo insuficiente en relación con la necesidad operativa calculada para la entidad.
Entre 2019 y 2024, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo incrementó su estado de fuerza en 26.9% y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo en 20.42%, mientras que en el mismo periodo los municipios registraron una disminución de 1.40% en su personal policial. De hecho los municipios concentran la mayor proporción de policías en el estado. Sin embargo, esta reducción en su número impacta directamente en la cobertura de seguridad que brindan a la población.
En relación con el promedio recomendado por la ONU de 1.8 policías por cada mil habitantes, en Hidalgo se dispone de 0.5 policías por cada mil habitantes, lo que refleja un déficit en su capacidad operativa. Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal elaborado por el Inegi en 2025, en México al cierre de 2024 había en promedio 1.0 policías estatales por cada mil habitantes.
Esto significa que Hidalgo se encuentra 50% por debajo de la media nacional en el número de policías disponibles en proporción a su población. En la distribución por género, aumentó la participación de mujeres en las corporaciones policiales del estado en los últimos años.
En materia salarial, el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal del Inegi señala que al cierre de 2024 el 48.3% del personal de seguridad pública en México tenía ingresos brutos mensuales de hasta 10 mil pesos. En Hidalgo, el salario promedio de un policía estatal es de 14 mil 128 pesos mensuales.
El salario promedio de un agente de la Procuraduría de Justicia es de 20 mil 762 pesos mensuales. En el caso de los policías municipales, el salario promedio es de 12 mil 974 pesos mensuales. Estas cifras colocan a Hidalgo por encima del salario promedio nacional para un policía.
En el nivel de estudios, los datos reflejan un cambio importante entre los policías municipales. En 2022, 304 policías municipales contaban con licenciatura. Para 2024 la cifra ascendió a 2,599 elementos con este nivel de estudios.
Este aumento representa un cambio significativo en la preparación académica de quienes integran las corporaciones municipales. Del total de los elementos policiales en el estado, 50.64% cuenta con preparación a nivel licenciatura. Además, 36.53% del total tiene educación a nivel medio superior.
En 2022 el 80% del personal policial eran hombres, con 5,171 elementos, mientras que 20% eran mujeres, con 1,255. En 2023 la proporción cambió a 81% hombres, con 5,014 elementos, y 19% mujeres, con 1,176.
Para 2024 el porcentaje volvió a modificarse y se registró 77.8% hombres, con 4,855 elementos, y 22.2% mujeres, con 1,385. Las cifras muestran un incremento en el número de mujeres que deciden integrarse a las corporaciones policiales en el estado.
En cuanto a la permanencia en las instituciones de seguridad, la mayor deserción entre 2019 y 2024 se registró en los municipios. Este indicador pasó de 82% en 2022 a 28% en 2024, lo que muestra una reducción en la salida de elementos municipales. En contraste, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Procuraduría General de Justicia presentan una deserción casi nula en el mismo periodo.
