La Contraloría estatal, encabezada por Álvaro Bardales, informó que dará seguimiento y documentará los procesos observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2024, luego de que el órgano fiscalizador solicitara aclaraciones por más de 721 millones de pesos en el estado de Hidalgo.
De acuerdo con el informe, el gobierno estatal deberá comprobar el destino de 721 millones 883 mil 140 pesos provenientes de Participaciones Federales a Entidades Federativas. Las observaciones, precisó la administración estatal, son de carácter administrativo y no constituyen, hasta el momento, daño patrimonial firme.
Entre los señalamientos destaca que la Secretaría de Hacienda realizó pagos por 372.4 millones de pesos a 11 mil 661 trabajadores bajo el concepto “Otras Percepciones sin Licencia Médica y Otros”, rubro que deberá ser aclarado.
Asimismo, la ASF solicitó la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante posibles inconsistencias en el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) relacionado con percepciones que incrementaron el ingreso gravable sin el ajuste correspondiente.
En el sector salud, los Servicios de Salud de Hidalgo deberán justificar 68.3 millones de pesos por estímulos y bonos otorgados a más de 6 mil trabajadores, además de otros pagos que habrían superado los tabuladores autorizados.
También se observaron 83.8 millones de pesos en el Poder Judicial por pagos en el rubro “Otros”, así como 18.6 millones de pesos en el Congreso local por conceptos de percepciones adicionales y compensaciones.
El Ejecutivo estatal subrayó que la ASF otorga un plazo de 90 días para solventar observaciones mediante la entrega de información adicional y documentación comprobatoria, periodo en el que se atenderán los requerimientos.
Sobre otros señalamientos, como la contratación de obra pública vinculada a una empresa cuyos socios tendrían parentesco con un legislador, se indicó que la observación se centra en ampliar la información del proceso de adjudicación y que la Contraloría revisará el procedimiento para descartar cualquier irregularidad.
En cuanto a seguros catastróficos para el campo, esquema de estímulos fiscales en nómina e indemnizaciones en el ámbito universitario, el gobierno aseguró contar con la documentación que respalda la legalidad de los pagos.
La administración estatal reiteró que no existe, hasta ahora, determinación de daño patrimonial ni procedimientos judiciales en curso, y afirmó que las observaciones forman parte del proceso ordinario de fiscalización que deberá resolverse dentro de los plazos establecidos.
