Tres agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) recabaron pruebas por el asesinato del hijo de un personaje político. Por sus aportaciones, un hombre fue detenido y vinculado a proceso; la fiscalía pidió para él 40 años de prisión. Meses después, el “presunto culpable” y los agentes se encontraron en prisión, acusados de secuestro.
Las supuestas pruebas que presentaron fueron manipuladas o insuficientes, determinó un Tribunal de Enjuiciamiento en abril de 2022, cuando dio la libertad a quien los elementos de la Procuraduría presentaron como supuesto homicida.
El caso es el de Fernando R.M., quien pasó 25 meses en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca acusado del asesinato de Gerardo Sosa Cravioto, hijo del exdiputado federal Gerardo Sosa Castelán. Los agentes son parte de 37 integrantes de la Procuraduría que han sido suspendidos por posibles delitos como secuestro, homicidio, asalto y tráfico de influencias, en un periodo que comprende de 2020 a 2024: los últimos años de gobierno de Omar Fayad Meneses, hoy embajador de México en Noruega, y los primeros del morenista Julio Menchaca Salazar.
Entre los posibles ilícitos por los que servidores públicos adscritos a la PGJEH fueron separados de sus funciones están cohecho (cinco), tráfico de influencias, uso de documentos falsos, usurpación de profesiones y abuso de autoridad, con un caso cada uno.
Ocho elementos han sido imputados por secuestro, uno por homicidio, otro por asalto y dos más por homicidio culposo a consecuencia de omisiones e incumplimiento de un deber legal, reveló el Poder Ejecutivo como respuesta a la solicitud de información 130213100019125 dirigida por Proceso.
También dio a conocer ocho casos por delitos cometidos por servidores públicos, cuatro por incumplimiento de un deber legal, así como uno por ejercicio indebido del servicio público e incumplimiento de un deber legal, y otro más por ultrajes.
Presuntamente, sus elementos igualmente han incurrido en abuso de autoridad y uso de documentos falsos, así como abuso de autoridad, infidelidad de la custodia de documentos, y delitos cometidos por servidores públicos, por los que dos de sus elementos dejaron sus cargos ante los procesos que enfrentan.
Aunque el gobierno de Menchaca Salazar no precisa el cargo que tenía cada funcionario respecto al delito que posiblemente cometió, dio a conocer que uno era notificador especial, dos jefes de área, uno director, 15 agentes del ministerio público y 18 agentes de investigación.
El 22 de febrero de 2019, un día antes del asesinato del hijo de Gerardo Sosa Castelán, Andrea, entonces ministerio público en Actopan, fue agredida por el policía de investigación Asael B. G., quien se desempañaba en el mismo distrito. La carpeta inició por violencia familiar, aunque ella afirma que sufrió un intento de feminicidio.
“Me apuntó con la pistola. En un momento yo le quité el cartucho y fue así que no me pudo disparar. Me dispara y no jaló, y se enojó más. Esa parte le molestó, porque me dijo que me hincara y no me hinqué (…). Son varios flazazos, porque muchas veces yo perdí el conocimiento: de repente lo veía allá, luego encima de mí, ahorcándome”, contó en entrevista Andrea, que, para ese momento en el que sitúa la escena en una habitación de hotel en Tulancingo, a la que fue llevada a la fuerza, ya había sido golpeada en su auto –lo que provocó un percance vial– y después en el cuarto.
“Se enojó más y me empezó a golpear con la cacha de la pistola. Hubo un momento en que perdí el conocimiento, pero yo le gritaba ‘soy yo’, porque él me gritaba otro nombre (…). Al otro día lo único que vi fue mi cuerpo lleno de sangre, él también, pero menos, y también la pistola, porque con la pistola me abrió la cabeza”.
El delito después se reclasificó como lesiones dolosas agravadas. Aunque denuncia que su carpeta no aparecía, que acudió con el director de la Policía Investigadora –a quien conoció como El Jaguar– sin recibir apoyo, y que indebidamente la separaron de sus funciones, aun sin notificación oficial, el ministerio público pidió una audiencia privada para iniciar la orden de aprehensión, pero Asael B.G. ya no se presentó y desde entonces no ha sido localizado.
Ese momento llegó después de que el elemento de investigación agrediera dos veces a Andrea y una más a otra ministerio público. Fue hasta la denuncia y el inicio de la carpeta de la segunda víctima que Asael fue suspendido condicionalmente.
Del listado de delitos proporcionado por la PGJEH, ninguno coincide con los cargos contra Asael, que golpeó a Andrea con su arma de cargo, con la que también intentó dispararle. El dictamen médico de la víctima dice que, por la primera agresión, tuvo un esguince cervical, hematomas y contusiones múltiples, en tanto que su dictamen en materia de psicología refería temor, zozobra, entre otras afectaciones a consecuencia de un evento traumático.
El estatus de todos los casos por los que sus elementos han sido suspendidos, tiene categoría de “información reservada” por la Procuraduría, “a efecto de no vulnerar los derechos de las partes dentro de la carpeta de investigación y garantizar el debido proceso”.
En tanto, dio a conocer que las separaciones ocurrieron en 2020 (tres), 2021 (nueve), 2022 (12), 2023 (dos) y 2024 (11), en los periodos de Omar Fayad –quien dejó el cargo en septiembre de 2022– y Julio Menchaca. El tiempo coincide con las gestiones de Raúl Arroyo González y Alejandro Habib Nicolás como procuradores, con el primer gobernador, y las de Santiago Nieto Castillo y Francisco Fernández Hasbun como encargados del despacho, ya en el mandato de Menchaca Salazar.
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