La diputada de Movimiento Ciudadano, Karla Perales Arrieta, propuso crear una Red de Espacios Seguros en Hidalgo, mediante la cual establecimientos comerciales y de servicios puedan brindar una primera atención a niñas, niños y adolescentes que enfrenten situaciones de riesgo o posibles vulneraciones de sus derechos.
La iniciativa plantea aprovechar lugares de uso cotidiano, como farmacias, cafeterías, restaurantes, papelerías, tiendas departamentales, gimnasios, cines, bancos y librerías, para que las personas menores de edad tengan un sitio cercano al cual acudir cuando necesiten ayuda.
La legisladora explicó que la propuesta busca responder a situaciones en las que una niña, niño o adolescente se sienta amenazado, sea perseguido o enfrente algún peligro mientras se encuentra fuera de casa. En estos casos, podría ingresar a uno de los establecimientos participantes y solicitar apoyo al personal capacitado.
Para que la red funcione, los negocios que decidan incorporarse deberán contar con información, protocolos de actuación y capacitación para ofrecer una primera respuesta adecuada. Esto permitiría que sus trabajadores sepan cómo actuar ante una situación de emergencia y eviten acciones que pudieran poner en mayor riesgo a la persona afectada.
Otro de los objetivos es facilitar la comunicación con las instituciones responsables de la protección de la infancia. Cuando la situación lo requiera, el personal de los establecimientos podrá activar las rutas de atención correspondientes para que las autoridades competentes intervengan y den seguimiento al caso.
Perales Arrieta destacó la importancia de que niñas, niños y adolescentes puedan identificar fácilmente los lugares donde recibirían ayuda. Por ello, la propuesta contempla que los establecimientos participantes sean reconocibles mediante distintivos que permitan a la población infantil ubicarlos cuando enfrente alguna situación de peligro.
La iniciativa busca fortalecer la protección de la niñez y adolescencia mediante la colaboración entre el sector comercial y las instituciones públicas, acercando los mecanismos de apoyo a los espacios donde las personas realizan sus actividades cotidianas.
La propuesta deberá avanzar por el proceso legislativo correspondiente para determinar su viabilidad y, en su caso, las condiciones para poner en marcha la red. De concretarse, los comercios participantes funcionarían como puntos de primera atención y canalización, sin sustituir las atribuciones de las autoridades encargadas de investigar y atender situaciones de violencia o vulneración de derechos.
