Durante 2022, Hidalgo fue la segunda entidad del país, solo después de Veracruz, con más renuncias de personal adscrito a instancias de Seguridad Pública, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El organismo detalló que 718 elementos con tareas de seguridad pública que prestaban sus servicios en Hidalgo dimitieron el año pasado; en tanto, Veracruz sumó 829. A nivel nacional, el total de elementos que dejaron su cargo fue de 6 mil 246.
De los oficiales que renunciaron a sus labores, 3 mil 102 sufrieron lesiones, mil 645 se jubilaron y cuatro fueron reportados como desaparecidos o no localizados.
Además, el Inegi dio cuenta de que 16 elementos policiacos registrados en el estado resultaron lesionados, misma cantidad de uniformados que obtuvieron su jubilación, mientras que cinco perdieron la vida.
En cuanto a personal en instituciones de Seguridad Pública, se tiene un rango de entre mil 1 y 3 mil elementos; sin embargo, no se detalla la cantidad de elementos y, en ese sentido, el Inegi remarcó que Hidalgo y Michoacán se reservaron la información sobre sus trabajadores.
Por otra parte, en cuanto a armas aseguradas por instituciones de Seguridad Pública, fueron 123.
Al cierre de 2022 había 222 mil 727 personas adscritas a las instituciones de Seguridad Pública estatales. Con respecto a 2021, el personal que percibió ingresos brutos mensuales mayores a 20 mil pesos incrementó 69.3 por ciento.
A través del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), se emitió un convenio de adhesión para el otorgamiento de 25 millones 413 mil 342 pesos de parte del gobierno federal provenientes del Fondo de Apoyo a las Instituciones de Seguridad Pública de los Municipios.
En el documento, se establece que, con la finalidad de cumplir con el objetivo del acuerdo, la entidad está obligada a aportar de sus recursos presupuestarios la misma cantidad para beneficiar especialmente aquellos municipios con menor población o mayor grado de marginación en una proporción uno a uno respecto de los recursos federales transferidos.
Asimismo, el estado, en caso de que opte por transferir los recursos para su ejercicio a los municipios, iniciará los trámites para la primera ministración de origen estatal a las demarcaciones que determine, que deberá ser un 70 por ciento, equivalente a 17 millones 789 mil 339 pesos.
Después, una vez concluido el proceso relacionado con la segunda ministración y cumplimiento de metas, se solicitará la transferencia de los recursos federales y que podrá ser de hasta 30 por ciento, que son 7 millones 624 mil 2 pesos.
El acuerdo establece que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el ámbito de su respectiva competencia, serán los responsables de coordinar la operación, funcionamiento y seguimiento de los recursos federales y estatales
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