De acuerdo al Informe de muertes violentas (posibles feminicidios), elaborado por la Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (Seiinac) A.C., en los 3 primeros meses de este 2022 se han identificado 24 muertes violentas, siendo marzo, el mes con mayor número de casos (10).
Así lo informó Rafael Castelán, director general de esta asociación, quien señaló que estas cifras agravan la situación ya que va en ascenso, a pesar del llamado y de las estrategias gubernamentales que siguen siendo insuficientes para detener esta realidad.
“Nos hace ver que el fenómeno va en aumento en estos meses y vemos que también las políticas de prevención siguen sin tener mayor efecto porque pareciera ser que está estabilizado, pero sigue en aumento, eso a pesar de que hay campañas, estrategias gubernamentales, hay mayor atención, esto no es visible en la realidad”.
“En marzo se registraron 10 muertes violentas, en acumulado en estos primeros tres meses del año ya son 24”, explicó.
Señaló que la participación de la sociedad civil es y ha sido un elemento sustancial en los avances en esta materia, ya que colectivas y organizaciones de la sociedad civil han logrado espacios de diálogo, la aprobación de distintas leyes.
“Se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) el 15 de enero de 2022 con el título Protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio, mismo que tiene una serie de novedades que abonan a la garantía del acceso a la justicia para las víctimas de este delito”, dijo.
Explicó que esta innovación radica en que todas las muertes violentas de mujeres se investigarán como feminicidios; se deberá garantizar la perspectiva de género en todas las diligencias de la investigación pericial e incluso en el resguardo de la evidencia por los primeros respondientes; se establecen procedimientos claros de tipo social y antropológico evitando la revictimización.
Uno de los aspectos más favorecedores de este protocolo es la creación del “Comité de evaluación y seguimiento del procedimiento de investigación ministerial, policial y pericial en casos de muertes violentas de mujeres”, que garantizará que haya un mecanismo de comunicación e incluso de representación de las víctimas ante las investigaciones en caso de muertes violentas de mujeres.
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